El presidente de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), Albert Torres, ha comparecido este lunes ante la comisión que tramita el proyecto de ley de derechos culturales para exigir que la norma recoja un reconocimiento específico y diferenciado para la cultura popular. La intervención de Torres ha puesto sobre la mesa las demandas históricas de las collas castelleres y de todo el tejido asociativo que sustenta una de las tradiciones más arraigadas y emblemáticas de Catalunya, en un momento en el que la Generalitat ultima los detalles de una ley que pretende blindar el acceso a la cultura como un derecho universal para toda la ciudadanía.
Torres ha valorado de forma positiva dos de los pilares sobre los que se sustenta el proyecto de ley: la consideración de la cultura como un «derecho universal» y el compromiso de destinar un mínimo del 2% del presupuesto de la Generalitat a la Conselleria de Cultura. No obstante, ha advertido de que esas cifras y ese reconocimiento general podrían quedar en teoría si no se producen las adaptaciones necesarias para que la normativa llegue de verdad a la calle, a las plazas y a los locales de ensayo donde miles de castellers y castelleres se preparan cada semana para mantener viva una tradición que es, a todas luces, patrimonio inmaterial de primer orden.
Definir el sector cultural y distinguir la práctica asociativa de base
Una de las reclamaciones centrales que ha trasladado la CCCC al Parlament es la necesidad de que la ley defina con claridad qué se entiende por «sector cultural». Según la Coordinadora, existe un riesgo real de que el texto normativo trate por igual a agentes culturales de muy distinta naturaleza, lo que podría derivar en la aplicación de obligaciones desproporcionadas a las collas castelleres. La CCCC subraya que no se puede equiparar la realidad de una colla castellera, que opera fundamentalmente a través de la práctica asociativa de base y el voluntariado, con la de un gran equipamiento cultural profesionalizado que mueve recursos económicos y personal técnico de manera continuada.
Esta distinción no es un capricho burocrático, sino una cuestión de sentido común y de justicia administrativa. Las collas castelleres funcionan bajo un modelo asociativo en el que los miembros se reúnen de forma altruista para construir castells, ensayar durante horas en espacios precarios y participar en diadas que son auténticos fenómenos de cohesión social. Aplicarles las mismas exigencias que a un teatro de gran formato o a un centro cultural municipal con plantilla fija sería, según la CCCC, un error que podría poner en peligro la viabilidad de muchas de estas entidades.
Financiación específica, estable y plurianal para la cultura de base
Más allá de la definición normativa, la CCCC ha insistido en la imperiosa necesidad de que la ley contemple líneas de financiación específicas, estables, directas y plurianales dirigidas a la cultura de base. La preocupación de la Coordinadora es que el incremento presupuestario, aunque bienvenido, se concentre exclusivamente en grandes equipamientos o en sectores profesionalizados, dejando en un segundo plano a la inmensa mayoría de entidades que forman el tejido cultural vivo de los barrios, las villas y los pueblos de todo el territorio catalán.
La demanda de financiación plurianual es especialmente relevante porque muchas collas castelleres dependen de ayudas puntuales o convocatorias anuales que dificultan la planificación a medio y largo plazo. Sin una línea de financiación estable, las collas no pueden asumir compromisos como la mejora de sus locales de ensayo, la contratación de técnicos de seguridad o la organización de actividades formativas para los más pequeños, que son la base de la continuidad de la disciplina castellera.
Locales de ensayo dignos y adaptados a las necesidades de las collas
Otro de los puntos que ha recibido especial protagonismo en la intervención de Albert Torres es la reivindicación de un compromiso firme por parte de las administraciones para garantizar el acceso a locales de ensayo que sean «dignos y adaptados» a las necesidades de las collas castelleres. En muchos casos, las collas ensayan en naves industriales, garajes comunitarios o espacios que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad o espacialidad para la práctica de una actividad que implica el riesgo físico inherente a la construcción de castells humanos.
La carencia de espacios adecuados no es un problema menor. La falta de locales dignos limita la capacidad de ensayo de las collas, resta seguridad a los castellers y, en definitiva, pone en riesgo la continuidad de una tradición que requiere una dedicación y una preparación física constantes. La CCCC considera que las administraciones locales y la Generalitat deben trabajar conjuntamente para dotar a cada colla de un espacio de referencia donde puedan preparar sus castells con las garantías técnicas necesarias.
El riesgo de aplicar normativas de espectáculos de masas a las diades castelleres
Una advertencia que ha resonado con especial fuerza durante la comparecencia ante la comisión parlamentaria es la que ha formulado la CCCC respecto al riesgo de aplicar a las diadas castelleres normativas pensadas para espectáculos de masas o conciertos. Las diades castelleres no son conciertos ni espectáculos convencionales: son eventos de naturaleza singular que combinan práctica cultural, tradición viva, participación ciudadana directa y una dinámica de seguridad y organización que les es propia.
La CCCC ha pedido que el despliegue de la ley tenga en cuenta «las dinámicas y necesidades específicas de la práctica castellera en el espacio público». Esto implica, entre otras cosas, que las autorizaciones, los protocolos de seguridad, las normativas de acceso y las regulaciones urbanísticas deben diseñarse a medida de lo que ocurre en una plaza durante una diada, donde cientos de personas se aglomeran para ver cómo un castell se levanta y se cae, donde la logística es completamente distinta a la de un festival musical y donde la seguridad de los castellers es la prioridad absoluta.
Torres ha subrayado que el objetivo final es que la ley no quede como un texto bonito sobre el papel, sino que se traduzca en «herramientas en la plaza, en la calle y en los locales de ensayo de las collas». La cultura popular no puede quedar relegada a un artículo secundario de una normativa generalista. Las collas castelleres representan una de las expresiones más puras de la identidad catalana, y su reconocimiento jurídico adecuado es una cuestión de justicia cultural, de sentido común y de respeto a una tradición que une a miles de personas en cada rincón de Catalunya.
La batalla legislativa por la ley de derechos culturales apenas comienza, y la comparecencia de la CCCC ha dejado claro que las collas castelleres estarán muy atentas a cada artículo, cada definición y cada partida presupuestaria que se negocie en el Parlament. El desafío es que la norma sea lo suficientemente flexible para acoger la diversidad del ecosistema cultural catalán y lo suficientemente contundente para garantizar que la cultura de base, la cultura popular y la tradición viva tengan el lugar que merecen en el sistema de protección del patrimonio cultural de Catalunya.
